Este suplemento del diario oficial contiene una serie de normas legales, resoluciones y disposiciones de diversas entidades del Estado peruano. A continuación, se resumen los aspectos más importantes para la práctica del derecho en las ramas familiar y penal.
1. Disposiciones Relevantes para el Derecho de Familia
A. Organización y Funcionamiento de Juzgados Especializados:
La Resolución Administrativa N° 000090-2026-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contiene disposiciones cruciales para la organización de los órganos jurisdiccionales en materia de familia, particularmente en casos de violencia familiar.
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Reubicación de Juzgados de Familia para Violencia (Corte Superior de Justicia de La Libertad): Se ordena la reubicación del 12° y 13° Juzgados de Familia subespecializados en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, desde el distrito de Trujillo hacia los distritos de La Esperanza y El Porvenir, respectivamente. Esta medida busca acercar el servicio de justicia a la población y optimizar el funcionamiento, dado que los juzgados en Trujillo se encontraban en situación de subcarga procesal. Se dispone también el cierre temporal del turno de los 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° Juzgados de Familia de Trujillo para el ingreso de expedientes provenientes de las nuevas competencias territoriales.
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Medidas en Juzgados de Paz Letrados de Familia (Corte Superior de Justicia de Lima Este): Se prorroga la ampliación de competencia funcional del 7° Juzgado de Paz Letrado de la zona baja de San Juan de Lurigancho para atender casos de civil y familia, manteniendo el cierre de turno para el 5° y 8° Juzgados de Paz Letrados de la misma zona para dichas materias. Se llama la atención sobre el bajo nivel resolutivo del 8° Juzgado de Paz Letrado.
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B. Funciones Notariales de los Jueces de Paz:
Varias resoluciones disciplinarias contra jueces de paz (Investigaciones Definitivas N° 150-2025-Ancash, 417-2021-Huaura y 1201-2023-Ventanilla) abordan el ejercicio indebido de funciones notariales, un tema que puede afectar directamente actos de familia como anticipos de herencia o autorizaciones de viaje de menores.
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Destitución por Actos Notariales no Autorizados: En la *Investigación Definitiva N° 150-2025-Ancash*, se impone la destitución a un juez de paz por haber extendido una escritura de anticipo de legítima, una función notarial que excede sus facultades legales y no está permitida por la Ley de Justicia de Paz.
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Destitución por Autorizaciones de Viaje de Menores (Investigación Definitiva N° 1201-2023-Ventanilla): Se destituye a un juez de paz urbano por expedir constantemente autorizaciones de viaje para menores de edad. Se concluye que esta función notarial no estaba habilitada porque en su distrito (Puente Piedra) existen notarios y, además, se realizaban fuera de su competencia territorial, desnaturalizando el carácter local de la justicia de paz.
C. Sanciones a Jueces de Paz:
Las mismas resoluciones mencionadas también sancionan a los jueces de paz por otras faltas graves y muy graves.
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Conocimiento de Causas Estando Impedido (Investigación Definitiva N° 417-2021-Huaura): Una jueza de paz fue destituida por haber emitido una resolución en un proceso cuando se encontraba suspendida en el cargo. La resolución concluye que su actuación fue consciente y voluntaria, asumiendo competencias jurisdiccionales pese al impedimento legal.
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Participación en Actividades Políticas (Investigación Definitiva N° 150-2025-Ancash): Al mismo juez de paz se le sanciona por haberse afiliado a dos partidos políticos mientras ejercía el cargo, incumpliendo la prohibición expresa de la Ley de Justicia de Paz.
D. Priorización de la Alimentación Saludable:
La Municipalidad de Santa Anita emite la Ordenanza N° 00387/MDSA, que declara como prioridad distrital el consumo de arroz fortificado con hierro para afrontar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Si bien es una norma local, refleja un enfoque de política pública en la protección de la salud infantil que puede ser un elemento relevante en procesos de alimentos.
2. Disposiciones Relevantes para el Derecho Penal
A. Medidas de Descarga Procesal y Especialización en Ciberdelincuencia:
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Redistribución de Expedientes en Materia Penal (Resolución Administrativa N° 000092-2026-CE-PJ): El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone una serie de medidas para aliviar la carga procesal en diversas Cortes Superiores. Entre ellas, se redistribuyen expedientes de liquidación de procesos penales con el Código de Procedimientos Penales de 1940 de la Sala Mixta Transitoria de Villa María del Triunfo hacia las Salas Penales de Apelaciones de Lima Sur, que se encontraban con menor carga procesal.
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Designación de Fiscal en Ciberdelincuencia (Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 927-2026-MP-FN): Se designa a un fiscal adjunto provincial en el 3° Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. Esta medida responde a la creciente complejidad de los casos (levantamiento de secretos bancarios y de comunicaciones, criptoactivos, asistencia judicial internacional) y busca reforzar la persecución penal en esta especialidad.
B. Gestión de Infracciones de Tránsito:
La Municipalidad Provincial del Cusco emite la Resolución Gerencial N° 2599-2026-GTVT/MPC para notificar a 38 administrados de la existencia de responsabilidad administrativa por infracciones de tránsito. La resolución ordena la publicación de estas notificaciones en el diario oficial, un paso procesal necesario en el procedimiento administrativo sancionador.
C. Sanciones a Jueces de Paz por Actuación Penal:
La destitución del juez de paz en la *Investigación Definitiva N° 1201-2023-Ventanilla* también incluye cargos relacionados con la celebración de conciliaciones en casos de alimentos de manera irregular. Estas conciliaciones, donde se afectaba el 60% de los haberes de miembros de la Policía y la Marina para beneficiar a personas distintas a los alimentistas, fueron consideradas como una instrumentalización de la justicia de paz para evadir obligaciones crediticias, afectando la correcta administración de justicia.
3. Otros Aspectos Relevantes para el Ejercicio Legal
A. Control Disciplinario y Ético de Operadores de Justicia:
Las investigaciones definitivas contra jueces de paz mencionadas anteriormente son un claro ejemplo del régimen disciplinario aplicable a estos operadores. Establecen precedentes sobre las faltas muy graves (como ejercer funciones estando suspendido, afiliarse a partidos políticos, o exceder las facultades notariales) y las sanciones aplicables (destitución). Estos casos son esenciales para entender los límites de la función jurisdiccional de paz y los criterios de responsabilidad.
B. Normas sobre Integridad Antisoborno:
La Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 64-2026-ATU/PE de la Autoridad de Transporte Urbano aprueba la versión 03 de su “Política Institucional Antisoborno”. Esta política establece los compromisos institucionales y lineamientos para prevenir y sancionar actos de soborno en la entidad. Es una muestra de la implementación del Modelo de Integridad Pública en las entidades estatales, un tema de creciente importancia en la ética pública y la responsabilidad administrativa.
C. Disposiciones sobre Publicación de Normas:
El documento incluye comunicados de la Gerencia de Publicaciones Oficiales que recuerdan el uso obligatorio del Portal de Gestión de Atención al Cliente (PGA) para la publicación de normas legales y precedentes vinculantes, así como los lineamientos para solicitar la corrección de errores materiales mediante Fe de Erratas. Esto es un aspecto práctico relevante para la labor del abogado que necesita publicar o gestionar la publicación de actos administrativos o judiciales.
D. Protección al Consumidor:
La Resolución Ministerial N° 104-2026-PCM designa a los nuevos representantes titular y alterno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Esto es relevante para el ejercicio profesional en el ámbito del derecho administrativo y de protección al consumidor.
En resumen, este número del diario oficial contiene disposiciones que afectan directamente la organización de la justicia familiar (reubicación de juzgados), el régimen disciplinario de los jueces de paz (con sanciones de destitución por graves irregularidades), el fortalecimiento de la persecución penal especializada (ciberdelincuencia), y medidas de descarga procesal en materia penal. La publicación refleja una actividad normativa y administrativa constante con implicancias directas en la práctica legal.
